¿Compromisos para no cumplir?

jueves, 15 de noviembre de 2012

Mientras tanto, manifestaciones y caceroladas.


Algunas veces, la realidad es tan difusa que nos es casi imposible distinguirla. Cuánto más sus entresijos.

Cuando escribía estas líneas, se celebraba en el congreso la sesión de aprobación del presupuesto para 2.013; la prima de riesgo repuntaba a los 459 puntos; y el interés de los bonos volvía al 5,9%. Ésta empieza a ser una historia que se repite, machaconamente, una y otra vez. Prima de riesgo alta, recortes; prima de riesgo más alta, más recortes; mayor prima de riesgo, mayores sacrificios, etc. sin poder asegurar que sea esta la secuencia correcta. ¿Cuál es la causa y cuál la consecuencia? ¿Nos castigan los mercados a causa de los recortes o porque no son los adecuados?(No digo suficientes) 
Como dice el actual gobierno, no se puede gastar lo que no se tiene, pero parece que en este país así ha ocurrido y, ahora, hay que pagar. Lógico es que hayan recortes y que haya que eliminar determinados gastos. Pero determinar cuáles, a quiénes y cómo, es una cuestión demasiado compleja para mi capacidad de análisis. Por lo visto, también para la del gobierno, porque, día tras día, la deuda sigue aumentando.
Por eso, me fijaré en la equidad - como le gusta repetir al gobierno - y proporcionalidad de algunas de las decisiones tomadas. Entiendo como equitativo aquello que atiende a principios de responsabilidad, justicia, proporcionalidad y solidaridad, de manera que cada uno responda de sus acciones en la medida de sus posibilidades, salvo que las circunstancias hagan necesaria una actuación de excepción. 
La reforma laboral del PP incumple muchos parámetros de la equidad. No es justa, no es solidaria, ni proporcionada, y tampoco atiende al principio de responsabilidad. 
Al considerar administrativamente procedente, la decisión del patrón sobre el despido o la modificación de la condiciones laborales, el gobierno descarga sobre el trabajador, normalmente ajeno al origen de la crisis, las peores consecuencias de la misma: las económicas, la perdida de derechos y el abandono de su futuro en manos de particulares. Pues, a la vez que aplasta con la carga de la prueba a la parte más débil de la relación laboral, deja en manos del empresario el poder de decidir no sólo ya sobre aspectos económicos y de organización interna de la empresa, sino de otros que afectan directamente a la conciliación de la vida familiar y laboral e incluso a la salud del trabajador, o al ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, el de huelga, que esta reforma neutraliza por completo. ¿Qué libertad tiene un trabajador para irse a la huelga, cuando la capacidad de coerción del empresario es prácticamente ilimitada?¿Cómo, si su despido será considerado procedente a todos los efectos?¿Cómo, si una vez en la calle,  sin dinero, sin empleo,  tendrá que probar la improcedencia de su despido y pagar por solicitar justicia?
Es tal la incertidumbre y zozobra - el miedo - a la que se ha sometido a la clase trabajadora, que el consumo familiar se ha reducido a lo estrictamente imprescindible, y estas normas, creadas para mejorar la situación de pequeñas y grandes empresas, van adquiriendo un efecto boomerang que está obligando a cerrar a algunas, las más pequeñas, mientras otras buscan, en la exportación, o en la deslocalización, remedio a sus males. 
Lo malo es que esa desproporción del gobierno tiene más consecuencias: no hay gasto, no hay trabajo, no se recauda lo suficiente, aumenta el déficit y la deuda y, lo que es peor, cada vez nos exigen más interés por financiarnos. 
Sólo me queda una esperanza, que el Presidente del Supremo convenza al PP, y se devuelva a la magistratura de lo laboral, lo que nunca debió quitársele. No resolverá la situación en que nos encontramos, pero tendremos algo más de equidad, infundirá más confianza, y habrá ciertas garantías de que podrás ejercer, cuando lo necesites, tu derecho al trabajo, o a irte a la huelga. Mientras tanto, manifestaciones y caceroladas... si no nos disuaden antes.